Defensoría del Pueblo - Sobre problemas en servicio de limpieza pública a nivel nacional

A raíz de los problemas que se vienen presentando en el servicio de
limpieza pública en Lima y varias provincias del país, los que afectan
la salud de las personas y el medio ambiente, el Defensor del Pueblo,
Walter Gutiérrez, dio a conocer su preocupación y exigencia a las
autoridades de que garanticen la continua prestación de dicho servicio
en todas las localidades. Asimismo, anunció que la Defensoría realizará
una supervisión nacional para obtener un diagnóstico sobre este servicio.

"Si bien, en algunos casos, el servicio de limpieza pública se encuentra
a cargo de un tercero, la titularidad de dicha obligación siempre
corresponde a las municipalidades", señaló el representante de la
Defensoría del Pueblo, recordando que el mismo constituye un servicio
público individualizado que se brinda en contraprestación al pago de
arbitrios. Cabe recordar que, a la fecha, se ha recaudado el 80 % del
monto de arbitrios esperado a nivel nacional, lo que perjudica la
adecuada prestación de los servicios públicos.

En el mismo sentido, resaltó que la ausencia o inadecuada prestación del
servicio de limpieza pública, implica el incumplimiento de deberes de
función y no solo constituye responsabilidad administrativa, sino
también penal.

No prestar el servicio de limpieza pública, implica, a su vez, la
comisión de ilícitos penales como la omisión de funciones o demora de
actos funcionales por parte de los funcionarios públicos que tienen
dicho deber a su cargo. Este alcanza también a los terceros que prestan
dicho servicio, en tanto que quienes mantengan vínculo contractual de
cualquier naturaleza con el Estado, y que en virtud de ello ejerzan
funciones o la prestación de un servicio, son considerados funcionarios
públicos, de acuerdo al Código Penal.

El Defensor del Pueblo, recordó a los alcaldes de los municipios que
vienen afrontando este problema que "independientemente de las
controversias entre las entidades y las empresas contratadas que prestan
servicios a la comunidad, la continuidad de estos debe garantizarse",
recordando además que "la responsabilidad penal por omisión de funciones
compromete a los funcionarios de la empresa que brinda el servicio".